El 29 de julio de 1966, tras el derrocamiento del gobierno constitucional de Arturo Illia por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, las universidades nacionales fueron intervenidas por el régimen. La policía desalojó brutalmente a estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires, utilizando bastones que dieron nombre al ataque a la educación pública y a la libertad de cátedra.
Aquel ataque a las universidades, un espacio de pluralidad de ideas, de debate y disenso visto como una amenaza provocó el exilio masivo de académicos, científicos e investigadores, dañando el desarrollo cultural del país. Una vez más, es necesario levantar la defensa de la educación pública como pilar democrático fundamental; que requieren el compromiso del Estado y la sociedad para protegerlos frente a cualquier tipo de violencia.