El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS) se suma al reclamo nacional por la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial docente, que será debatida este jueves en el Senado. Esta ley, ya con media sanción en Diputados, representa una respuesta parcial a la emergencia presupuestaria que atraviesan las universidades públicas argentinas.
Por eso, desde el máximo órgano de gobierno de la facultad, exigimos a los senadores de la Nación en general, a los representantes de las provincias de Río Negro y Neuquén en particular, su aprobación y la garantía de sostener su vigencia contra el anunciado veto presidencial.
Desde 2023 el presupuesto universitario ha sido prorrogado, sin acompañar la evolución de la economía, convirtiéndose así en el más bajo en tres décadas. El deterioro se extiende a infraestructura, becas, investigación y condiciones laborales. Desde entonces, también el salario docente y no docente ha perdido hasta un 40% de su poder adquisitivo, generando que más del 85% del cuerpo docente y del 60% del claustro no docente se encuentren por debajo de la línea de pobreza.
En nuestra facultad, las clases continúan gracias al esfuerzo de toda la comunidad universitaria. Trabajadores no docentes desempeñan sus tareas en espacios sin calefacción y con deterioro edilicio; docentes y estudiantes enfrentan aulas deterioradas, laboratorios sin insumos y becas insuficientes. Es decir, están vaciando deliberada e intencionalmente las universidades.
La ley que se debatirá propone elevar progresivamente el presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031, garantizar paritarias, recomponer salarios y ampliar el sistema de becas. No se trata de una expansión, sino de asegurar la subsistencia de un sistema que comprende 54 universidades nacionales a la que asisten 2 millones de estudiantes y más de 200 mil docentes.
No hay que pasar por alto el hecho de que el gobierno de Milei anuló los impuestos a los grandes empresarios agrícolas (que representa el 0,22 del PBI) y que la Ley de Financiamiento Universitario significa el 0,14 del PBI, es decir, casi la mitad de lo que se le anuló al sector concentrado agrícola.
También este año destinaron el 4,8 del PBI en pagos a bancos y especuladores, así como en mantener bajo el dólar, mientras que el aumento de jubilades, discapacidad y el presupuesto universitario implica menos de 1,9 del PBI. Esto quiere decir que existen recursos disponibles, pero las prioridades y las decisiones políticas del gobierno están en mantener el equilibrio fiscal y el pago al FMI, por medio del ajuste.
La FADECS exige no sólo la aprobación del proyecto, sino también el blindaje frente a un posible veto presidencial, como ocurrió en 2024. Este reclamo se extiende a otras leyes de emergencia, como la sanitaria, la de protección a personas con discapacidad y las jubilaciones, que también han sido blanco del ajuste. Mientras se recortan derechos, se beneficia a sectores concentrados con blanqueos, baja de retenciones y eliminación de impuestos.
Además, con la lucha universitaria y las dos Marchas Federales en todo el país, el 23 de abril y el 2 de octubre de 2024, se logró conseguir una parte del Presupuesto Universitario (pero solo de funcionamiento). Por ello, convocamos a una Tercera Marcha Federal Universitaria y a una movilización en todas las ciudades del país, incluyendo Fiske Menuco, el día que se trate el veto ya anunciado por el gobierno, para demostrar el enorme apoyo de la comunidad a la Universidad Pública, la unidad con los y las trabajadores y sectores en lucha para fortalecer la defensa de la educación pública (Resolución N° 0161/2025).