La iniciativa tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio de la República Argentina. En tal sentido, las autoridades de las universidades nacionales en conjunto con los gremios docentes y las organizaciones estudiantiles impulsan una nueva normativa que mejore las condiciones de financiamiento para la educación.
Entre los puntos que propone el documento está el aumento de la inversión, la actualización de los salarios y la ampliación del monto destinado a becas. Según se informó, el texto empezará a debatirse en la Cámara de Diputados a partir de junio, primero en la Comisión de Educación y luego en la de Presupuestos. La Constitución Nacional establece, en su artículo 75, inciso 19, que corresponde al Congreso sancionar leyes que garanticen la equidad de la educación pública estatal y la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales.
En los fundamentos, los autores expresan que «la educación universitaria pública en Argentina ha sido, históricamente, un pilar fundamental para el desarrollo social, económico y cultural del país. En este sentido, do, el presente proyecto de ley está motivado en el reconocimiento de la educación y, en este caso, a la educación universitaria, como un derecho humano universal y bien público y social, en el que su acceso equitativo y su calidad son esenciales para garantizar la movilidad social ascendente y la construcción de una sociedad más justa y democrática».
Asimismo, incluye gráficos que muestra «las transferencias que ha realizado el Poder Ejecutivo a las universidades en concepto de salarios y la pérdida de un 100 % respecto a la inflación. En el período analizado (noviembre 2023 a enero 2025), las transferencias para sueldos docentes y nodocentes se incrementaron en 103 % contra el 179 % del IPC (lo que equivale a una reducción del 30 % del salario real). Mientras que, si comparamos la variación de los sueldos con el incremento del ingreso tributario nacional, se puede observar que el Poder Ejecutivo Nacional redujo en un 50 % las partidas asignadas al sistema universitario nacional».