Con motivo de la confirmación del veto presidencial al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, el Consejo de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales adhiere al comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional del día de la fecha y hace público su repudio y malestar ante la decisión de la Cámara de Diputados de la Nación como del Poder Ejecutivo Nacional para con los reclamos la comunidad científico-universitaria.
Ha quedado en evidencia que la educación superior universitaria pública, gratuita, de calidad e inclusiva no es el proyecto de una minoría que festeja este triunfo pasajero. Una Nación necesita acuerdos y consensos mínimos que aseguren el presente y proyecten el futuro. A lo largo de la historia, y desde los más variados puntos del espectro ideológico, el modelo universitario que tenemos ha sido uno de esos consensos. Advertimos con estupor como este 9 de octubre de 2024 engrosará, al igual que aquella nefasta “Noche de los Bastones Largos”, el triste listado de las fechas negras de la universidad argentina.
Se ha elevado al Congreso un proyecto de presupuesto para el 2025 que agrava aún más la situación. Un presupuesto es, ante todo, una declaración de principios y si algo ha quedado en claro en el debate de esta ley ahora vetada es que no se trata de un problema de recursos, sino de prioridades. Nunca antes los fondos que requiere el sistema universitario público argentino para funcionar estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso al Congreso para su tratamiento.
Lamentamos profundamente el rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario e instamos ahora a la aprobación de una ley de Presupuesto acorde a las necesidades mínimas para el sostenimiento del sistema. Lo hacemos porque defendemos la calidad de la Educación Superior y porque queremos cumplir las funciones que por ley tenemos atribuidas: formar ciudadanos y profesionales, científicos y académicos, producir conocimiento, generar experiencias de vinculación y cooperación con la comunidad, para la construcción de una sociedad más justa, libre e igualitaria y la promoción del desarrollo nacional. Hacerlo con calidad requiere financiamiento.