por Juan Chaneton (abogado, periodista y escritor)
La columna de opinión analiza el anuncio hecho en junio pasado, por parte de los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), referido a la presentación al Congreso de un proyecto de nueva Ley Penal Juvenil para, bajar a 13 años la edad de imputabilidad.
Juan Chaneton
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Lo que ha ingresado clamorosamente a la agenda pública en la coyuntura parlamentaria argentina es la neta diferencia entre el adolescente tal como lo ve el sistema penal y el que existe realmente. Nosotros, en nuestra actividad cotidiana dedicada frecuentemente al tema de la relación Estado-sociedad, hemos comprobado que hay niños nacidos o criados en entornos -pobres o ricos- que aprenden, consolidan y naturalizan conductas aberrantes que la cárcel agrava y la calle no subsana. Qué hacer con ellos implica, en primer lugar, asumir el principio de responsabilidad por el daño causado, de modo que si aquel entorno es criminogenético, allí se ha generado una deuda social que luego no puede ser facturada al menor presuntamente delincuente. Este es el principio que debe presidir toda legislación que se dicte sobre el tema.
Se trata, en un aspecto importante de la cuestión, de los efectos ideológicos del procedimiento penal sobre la adolescencia marginada. En realidad, se trata también, y en primer lugar, de la utilización política de lo que se presenta como problema cuando no se cuenta con soluciones. Pues el punitivismo demagógico es una política.
Así, en el caso del sistema político argentino, resultó, en su momento, una palmaria confesión de su fracaso, que hubiera pretendido restablecer el servicio militar para que fuera éste el llamado a proveer las «soluciones» que la criminalidad exigía. La opción que se preparaba para ofrecer a esos adolescentes -que no provenían de los sectores ricos de la sociedad- era la cárcel o el ingreso al ejército. Hoy, tienen otra alternativa al encierro: la policía.
Si éste fuera el caso, ese adolescente, ya provisto de armas, devendrá represor racista, o fascista o rompehuelgas, según lo que haga falta. Se tratará del uso sistémico de la pobreza para redirigirla contra los que impugnan al sistema que la crea y reproduce.
Se trata, así, de una declaración de guerra a los adolescentes cuyas edades oscilen entre los 13 y los 18 años, con lo cual todo confluye hacia el objetivo, por cierto perverso, de dotar del tranquilizante social adecuado a conciencias previamente maceradas por titulares escandalosos de medios masivos que refuerzan su mensaje deletéreo con la machacona metáfora de la «puerta giratoria», a la que, presuntamente, vendría a poner fin el proyecto represivo pergeñado -en sórdido tándem- por los ministerios de Justicia y de Seguridad, cuyo artículo 6°, inciso J), promueve la privación de libertad de adolescentes en la forma de “ … detención, internación, encarcelamiento o alojamiento en un establecimiento público o privado dispuesta por el juez o tribunal en la que no se le permita el egreso por propia voluntad”, es decir, dispone la prisión de menores de edad en presidios siniestros como pueden ser Sierra Chica, Villa Devoto o Ezeiza. Pues sobre la criminalidad circula en la Argentina un discurso que la atribuye siempre, iuris et de iure, a los menores y que la presume, también sin admitir prueba en contrario, ausente en unos mayores que, por lo general, visten el así llamado “cuello blanco”.
Las soluciones al problema de los delitos perpetrados por individuos menores de edad -pobres o no- nacidos y crecidos en entornos criminogenéticos, no consiste en descerrajar más violencia sobre esos menores. Un niño preso, aunque ese niño haya amenazado a un vecino, no hará que ese vecino pierda el miedo ni esté más seguro. Lo único seguro es que seguirá inseguro mientras la sociedad en la que viven los niños les siga proponiendo, como incentivo social excluyente, poseer cada vez más mientras él ve, día a día, cómo sufren los suyos por carecer de lo indispensable. Ese niño podrá ir preso, pero deberán saber los diputados y senadores refractarios a cualquier cambio en su muelle cotidianeidad, que la prisión que proponen para esos menores sólo logrará que esos cuerpos de mirada dura y huesos blandos, sólo sean, en la prisión, superficie de inscripción de vejámenes y torturas y que el dolor psíquico lleva al insomnio que, si repetido, conduce al suicidio.
Buenos Aires, 9 de julio de 2024