En 40 años de democracia nuestro país logró importantes avances en materia de derechos humanos en general y, en particular, en relación con los derechos humanos de las mujeres y diversidades sexogenéricas. En este sentido, cabe mencionar que en 1987 se creó la primera Subsecretaría de la Mujer (luego, por medio del Decreto 1426 de 1992, el Consejo Nacional de la Mujer) y, desde entonces, comenzó un notable proceso de institucionalización y jerarquización de políticas dedicadas a la visibilización, prevención y erradicación de la violencia por motivos de géneros. Además, nuestro país ha asumido compromisos de carácter constitucional a partir de la sanción de diferentes leyes nacionales y la adhesión a tratados internacionales, por caso la Convención por la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Investigar, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará).
A pocos días de otra masiva marcha al clamor de “Ni una menos”, con datos a nivel nacional verdaderamente desalentadores y preocupantes en materia de femicidios -y travesticidios/transfemicidios- y en un contexto de notable incremento de discursos y crímenes de odio, insistimos en que la eliminación de esta subsecretaría no solo ignora el marco normativo y la institucionalidad democrática, sino que pone de manifiesto el desinterés y desconocimiento que tiene el gobierno nacional sobre el impacto que la violencia por motivos de género tiene en y sobre la vida de mujeres y LGBTIQ+. Frente a esta grave coyuntura, resulta urgente recordar que los Estados tienen obligaciones que cumplir para que los derechos humanos sean respetados y garantizados y esto supone, necesariamente, de cambios estructurales que favorezcan la transversalización de la perspectiva de géneros para que las mujeres y diversidades vivan una ciudadanía plena y, de este modo, se consolide una sociedad justa e igualitaria.
Por todo lo dicho, y considerando que las consecuencias sociales, económicas y políticas de este brutal ajuste serán de extrema gravedad para el país; la cátedra de GDyD, como parte de la comunidad académica de FADECS, expresa el más enfático repudio al avasallamiento del marco legal vigente y al desfinanciamiento de las políticas y áreas de género que se llevan a cabo desde el gobierno nacional con el aval y la complicidad de funcionarios/as/es de los distintos poderes del estado. Exhortamos a todas las instituciones involucradas de forma directa como también a aquellas que han mostrado sensibilidad y compromiso con la temática a que se pronuncien públicamente para detener este retroceso que, como dijimos, atenta contra la democracia y la vida de las personas.