La Secretaría de Extensión de la FADECS invita a la charla abierta y gratuita sobre «Delitos Ambientales», que se realizará el jueves 9 de junio a las 17 en el aula 34, y estará a cargo del Dr. Antonio Gustavo Gómez, Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán.
El temario de la disertación incluye Delitos ambientales, tipificación, competencia, investigación y denuncia.
El encuentro es organizado por esta Secretaría en conjunto con la APDH de Neuquén y está dirigido a estudiantes, graduados, y público en general.
Antonio Gustavo Gómez es Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, papel desde el cual se especializa en investigar delitos ambientales. Entre sus antecedentes fue Fiscal Federal de la provincia de Chubut, un camino recorrido en temas de derecho penal ambiental y en la persecución de delitos ambientales.
En su experiencia como representante del interés público, Gómez resalta “los valores positivos de la conformación de comisiones vecinales, sindicatos y otras organizaciones para mantener un control y vencer el miedo”. Y ante el sistema de administración de justicia propone “generar miedo en el propio sistema judicial, que le teme mucho más a la opinión pública que a un empresario o a un político de turno”. Esta es parte de la conversación que mantuvo con Notifadecs:
Pregunta. ¿Cómo se configura un delito ambiental?
Respuesta. Básicamente por violación a las normas penales que, de modo directo o indirecto, tienden a la protección del ambiente. Hay normas directas como las que están en la ley 24.051, y otras indirectas como los delitos de falsificación de instrumentos públicos –art. 292 y 296 del CP- de un informe de impacto ambiental
P. ¿Nos puede explicar esta frase suya acerca de que “un sistema de administración de justicia necesita invariablemente de la militancia ciudadana, y que ser querellantes cambia la realidad”?
R. El sistema de administración de justicia penal no funciona. Casi el 90% de las denuncias penales que se tramitan en un Juzgado Federal no llegan a un juicio oral y público. Pero resulta importante destacar que si la acción penal está en manos de las víctimas que se presentan como querellantes, son ellas las que impulsan la causa como si fueran fiscales. Por la vía recursiva pueden acceder incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y más allá aun: La Corte Interamericana de Derechos Humano.
P. ¿Qué necesita esa participación ciudadana para que su papel no se vea frustrado?
R. Lo dicho anteriormente: Contar con un abogado para que los patrocine como querellante. Ni siquiera es necesario firmarle un poder para que actúe en nombre de la víctima.
P. El factor tiempo, los años de demora que afectan a la resolución de las causas en Argentina, ¿también se produce en las investigaciones ambientales?
R. Sí, claro. Más aún por ser delitos que van contra el Poder Económico y el Poder Político, que en el caso de los delitos ambientales son socios. Los temores en avanzar son muy relevantes. Detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto.
P. ¿En qué medida se requiere que los ciudadanos o las organizaciones intermedias se capaciten para que puedan impulsar ese tipo de procesos?
R. Habitualmente las capacitaciones en el ámbito del Derecho Ambiental no están dirigidas al Derecho Penal Ambiental ni al Derecho Procesal Ambiental. De hecho, son materias que en nuestras universidades no figuran en su curricula. Incluso las especializaciones en Derecho Ambiental giran en torno al Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Administrativo, Acciones de Amparo, etc.