Se realizó ayer en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales la primer Jornada de Ejecución de la Pena, en el marco del Proyecto de Extensión (Resolución Nº 1078/18 C. S. UNCo) «Formación en Derechos Humanos como dispositivo educativo para la resocialización de las personas privadas de su libertad». La organización estuvo a cargo de la Secretaría de Extensión de la FADECS, la Asociación de Pensamiento Penal Capítulo del Comahue, y el Proyecto de Extensión.
En la apertura, la Secretaria de Extensión de la FADECS Ab. Sofia Szechenyi dijo que las jornadas se encuadran en el citado proyecto de extensión «que dirige la profesora de la casa de estudios Ana Calafat, y llevan adelante más de treinta estudiantes y graduados de la UNCo y de otras universidades».
La Secretaria destacó la importancia de que «este tipo de debates se lleven adelante en la universidad pública. Desde un punto de vista extensionista es una oportunidad más para que la Facultad pueda expresar sus conocimientos en el entorno en el cual está inserta, creando respuestas eficaces e innovadoras para los problemas sociales que hoy se visualizan, procurando una universidad de calidad para todos y que responda a las necesidades de su territorio».
La Vicedecana de la FADECS Ab. María Raquel Calvo subrayó como muy satisfactorio «el numeroso marco de público que asistió a la Jornada en la que se están debatiendo los temas persistentes del derecho, y de estudio en la teoría general del derecho, estrictamente aplicado al derecho penal, de modo que se abra a la comunidad una cuestión que nos atraviesa».
Se observó un amplio grado de participación de estudiantes y de miembros y colaboradores del Proyecto de Extensión Universitaria que trabaja el tema educación en contexto de encierro, y que se desempeña en la cárcel de General Roca; miembros del servicio penitenciario provincial y miembros del servicio federal, operadores del sistema de justicia, defensores, fiscales, jueces.
La Jornada se desarrolló en tres paneles con los siguientes temas: Educación y trabajo en contexto de encierro. Presentación de proyectos de extensión universitaria y de reinserción socioproductiva; Aspectos procesales y análisis legislativo de la ejecución de la pena: función de los miembros públicos y de los juzgados de ejecución; Violencia en Cárceles: tortura y problemáticas del castigo.
La Dra. Celia Delgado, Defensora Pública Penal del Poder Judicial de Río Negro y miembro de la Asociación Pensamiento Penal -capítulo Comahue-, que agrupa a operadores, funcionarios y otras disciplinas de Río Negro y Neuquén, explicó que «la jornada busca concientizar sobre la reelaboración de las prácticas relativas a la ejecución de la pena, desde una perspectiva de humanización, de qué significan las penas en un estado constitucional de derecho, del horizonte de proyección que debe haber en toda política pública destinada a trabajar la ejecución penal en contextos de encierro, y cuál es la función de la pena en un estado de derecho que presume que el individuo nunca puede ser un medio para otros fines sino un fin en sí mismo».
La funcionaria judicial puso el acento en la importancia de «concientizar a los operadores del sistema y a todos los actores que de alguna manera trabajan articuladamente en la ejecución penal. Con este fin, se programó un abordaje muy pragmático, que parte de una identificación con datos de la realidad, acerca de cómo funciona la ejecución penal en nuestro país y en nuestra región en forma específica, y a partir de dicha identificación de los problemas en clave crítica, podamos trabajar en la reelaboración de las prácticas y las políticas necesarias para que se cumpla la ley».
En cuanto a los puntos centrales que se identifican en una primera aproximación a la problemática, Delgado mencionó «el estado de las cárceles argentinas y de la región, no sólo edilicio, sino de lo postergada que se encuentra la población penitenciaria en general. Cuando se piensa en cualquier política pública, la población penitenciaria siempre es el último orejón, no se destinan recursos. Hay que poner en cuestión el estado de las cárceles o la ausencia de políticas de verdadera reinserción socioproductiva de las personas condenadas, cumpliendo penas, y empezar a pensar cómo los operadores del sistema podemos trabajar para hacer efectivos los derechos que están consagrados en la ley, pero que no se verifican en la realidad».