El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales sesionó de manera extraordinaria este miércoles 13 de diciembre con un único tema a tratar. La razón que motivo el encuentro fue analizar el allanamiento de las residencias universitarias ocurrido el sábado 9 de diciembre de 2017.
A continuación, se transcribe el pronunciamiento conjunto al que se llegó:
El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue se expresa unánimemente en repudio al allanamiento por parte de la Policía Federal Argentina, llevado adelante el día 9 de diciembre en nuestras residencias.
El operativo se realizo de un modo llamativamente ilegal:
Comenzó pasadas las 20.30, lo cual sólo se puede realizar de manera excepcional. Contó con la presencia de treinta policías armados, en algunos casos con la cara cubierta. Entraron a las residencias sin identificación previa, pateando y rompiendo las puertas de las viviendas. Obligaron a tirarse al piso a los y las estudiantes que se encontraban realizando sus actividades cotidianas. Al momento de entrar en una de las residencias obligaron a una estudiante a salir de la ducha y no le permitieron vestirse, manteniéndola desnuda durante el operativo. Además, esposaron a la mayoría de los estudiantes y les apuntaron con armas de alto calibre.
El operativo se desarrolló durante tres horas aproximadamente. En el transcurso del mismo no permitieron salir de las viviendas a las y los residentes, manteniéndoles sin comunicación con el exterior. Cuando procedieron a mostrar la orden, ésta se encontraba firmada por el secretario del juez Hugo Greca y no firmado a puño por el juez competente como lo exige el Articulo 31 de la Ley Nacional de Educación Superior N° 24.521, sancionada en 1995, que expresa: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones Universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”. Además, se expresó por parte de los efectivos una insólita negativa a la solicitud de ingreso de las abogadas, que incluso resultan ser docentes de nuestra casa de estudios, negando el mínimo derecho constitucional de defensa.
En conclusión, de manera contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben regir todo acto estatal, el allanamiento se desarrolló con una violencia y despliegue policial inusitado, que trajo como consecuencia la comisión de diversas vejaciones a los derechos y garantías constitucionales de los y las estudiantes de las residencias, así como severos daños al patrimonio de la FADECS-FADEL.
Estimamos que la justicia federal debería destinar sus refuerzos y recursos humanos y económicos con los que cuenta para perseguir e investigar los delitos que afectan a nuestra sociedad: el narcotráfico, la trata de personas, la evasión fiscal, el contrabando, entre otros tantos sujetos a la jurisdicción federal. Entendemos que la justicia federal y las fuerzas de seguridad se encuentran hoy funcionando como el brazo operativo de las políticas represivas del gobierno nacional.
En el mismo sentido, repudiamos el accionar de determinados medios de comunicación que, en virtud de su poder simbólico, no hacen más que responder al poder político y económico, reproducir las estigmatizaciones y legitimar ese accionar violento y represivo, generando una atmósfera de tensión y rivalidad constante respecto de los sectores sociales más vulnerables que resisten las políticas impulsadas.
Consideramos que este no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto donde el gobierno nacional ha decidido avanzar sobre la educación pública y el pueblo en su conjunto, amedrentando y reprimiendo los sectores más vulnerables de la sociedad, en este caso a la juventud. Muestra de esta política represiva son: la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, el desalojo y la represión a las movilizaciones de los y las trabajadoras, como fueron la represión de MAM, entre otras. Contamos con antecedentes de activación de las fuerzas públicas en las Universidades Nacionales, como paso este año en Jujuy, Salta, Mar del Plata, Rosario, Viedma, La Matanza, violando la autonomía universitaria.
Estas políticas van de la mano de un avasallamiento a la educación pública universitaria, que se traducen en recortes presupuestarios, en crisis edilicia, y un paquete de reformas y medidas por parte del gobierno de turno, que nos mantienen en alerta.
Nos declaramos en defensa de la Ciencia y la Educación Universitaria.
¡Fuera las fuerzas represivas de las Universidades Nacionales!
¡Basta de perseguir a la juventud!