La Universidad pública enfrenta su crisis económica y financiera más grave en décadas. La depreciación salarial, el retraso en los fondos para gastos de funcionamiento, el colapso del sistema de becas y el desfinanciamiento científico han llevado al sistema al borde del punto de quiebre. Esta situación exige una solución estructural que respete los principios republicanos, el valor del debate democrático y garantice el Derecho Humano a una Educación Pública y de calidad.
En esta línea, adherimos al Proyecto de Ley de Financiamiento Universitario 2025 presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados, en la medida que representa la respuesta que el sistema universitario viene reclamando mediante los canales institucionales. La iniciativa, surgida del diálogo entre los distintos actores del sistema universitario, garantiza un piso mínimo de recursos para salarios, funcionamiento, becas e investigación, con fuentes de financiamiento claras que no generan nuevos impuestos ni afectan el equilibrio fiscal.
Exhortamos a la Cámara de Diputados a tratar este proyecto con la urgencia que la situación amerita, dentro del marco del debate democrático que caracteriza a nuestro sistema representativo, y al Poder Ejecutivo a asumir con responsabilidad la obligación que la Constitución le ha asignado, mediante la pronta promulgación de esta ley esencial.
Reafirmamos así nuestro compromiso con la educación pública como bien social y con el sistema republicano que hace posible su desarrollo, convencidos de que es mediante el funcionamiento armónico de las instituciones que se construyen soluciones sostenibles. El futuro del país está en juego, y ese futuro se consolida con más democracia, más educación y más república.