Nuestra sociedad está atravesada, desde siempre, por prácticas que implican segregar, excluir a quienes son considerados “otros”, ajenos a esa misma sociedad. Sin embargo, el siglo XX y el XXI, se han caracterizado por diversas construcciones, políticas, acciones, iniciativas, luchas en favor de disminuir las prácticas de exclusión y de apoyar a los grupos que las sufren. Muchas de estas iniciativas fueron plasmándose en políticas e instituciones del Estado. En dicho proceso, actores sociales y sector público persiguieron el objetivo de acrecentar la conciencia en la ciudadanía, de una sociedad más justa, equitativa y democrática.
Desde el inicio del actual gobierno nacional, somos testigos del incremento de un lenguaje público cargado de violencia y discriminación. Esa práctica que puede encontrarse en diversos espacios, es especialmente preocupante cuando quienes la llevan adelante son los representantes del mismo gobierno y muy particularmente el Sr. Presidente de la Nación.
El presidente ha avalado posteos en las redes con burlas hacia personas con síndrome de down o imágenes que refieren a prácticas de violencia sexual. Además de agravios e insultos a opositores de diverso tipo. Todo ello, por otra parte, en el marco de una gravísima situación económica y social que empeora día a día.
Al mismo tiempo, el vocero presidencial ha anunciado la prohibición del uso de lenguaje inclusivo en la Administración Pública Nacional y de “todo lo referido a la perspectiva de género” sin precisar los alcances de tamaña afirmación. Todo un síntoma de negación sobre las desigualdades de género y de represión de la lucha a través del lenguaje.
Como cientistas sociales, queremos alertar sobre la extensión de prácticas retrógradas que buscan limitar la propia diversidad que habita en la sociedad. Justamente la desnaturalización de las violencias, de la pobreza y la desigualdad, y no a la inversa, promueven los valores de una sociedad más justa. La embestida del gobierno sobre las prácticas democráticas de inclusión “de los otros”, la criminalización de la protesta y la persecución a los movimientos sociales, el ajuste económico dramático sobre los sectores de menores ingresos exhiben un grado de inmoralidad y perversión nunca vistos en 40 años de gobiernos democráticos. La prepotencia y la indiferencia solo provocará más situaciones de injusticia y exclusión para colectivos en situación de vulnerabilidad que pujan por tener una voz en el espacio público democrático.
Como investigadores de las ciencias sociales, analistas de nuestra querida sociedad argentina, podemos advertir que hemos construido colectivamente un camino en favor de la apertura, la inclusión y el respeto, que no exento de problemas, marcan al menos un umbral que debemos defender, para persistir en el camino hacia una democracia consolidada.
Comité Ejecutivo del Consejo de Decanas y Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas
8 de Marzo de 2024