Desde el Departamento de Ciencias de la Información y la Comunicación Social expresamos nuestra preocupación por las medidas que el Poder Ejecutivo impone a través de decretos y las que se pretendían introducir con la ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, que fue finalmente retirada del debate. Respecto de esto consideramos que si bien es un primer freno a las políticas de desmantelamiento de los derechos conseguidos no significa que no se vuelva a insistir con modificaciones a las regulaciones que atañen a las empresas de comunicación pública y al sector infocomunicacional.
Adherimos a los reclamos que REDCOM y FADECCOS realizaron públicamente sobre el particular y lo compartimos en una nota enviada a cada uno/a de las y los legisladores de Río Negro y Neuquén para que estén al tanto de la gravedad de esas políticas.
Las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo afectan de manera directa al derecho a la comunicación y políticas audiovisuales. Entre sus lineamientos está la disolución de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y la eliminación del Fondo de Fomento Concursable para Medios Audiovisuales (FOMECA). Avanza con la intervención y privatización de los medios públicos, el bloqueo del portal Educ.ar y Conectar Igualdad, como así también del ENACOM. Medidas discrecionales y arbitrarias que promueven beneficios para algunos empresarios por encima del interés común, la transparencia y la democratización de la comunicación.
Expresamos, además, nuestro más amplio repudio a la represión por parte de las fuerzas de seguridad a manifestantes y trabajadores de medios que ejercen su labor de informar. Acallar voces e imponer por la fuerza las ideas no es una práctica legitima en un estado de derecho. Llamamos la atención sobre este tipo de actos que implican el avasallamiento a la democracia impidiendo el ejercicio del derecho a la comunicación.