La Secretaría de Extensión de la FADECS invita a la Jornada de Derecho Administrativo que se realizará el viernes 24 de junio a las 18 hs en el aula 34, y en la que se presentará el libro «Derecho Administrativo de la Patagonia Norte Provincias de Río Negro y Neuquén Fundamentos históricos y constitucionales» del profesor Juan Bautista Justo.
El encuentro contará con la participación, en carácter de expositores, de Gustavo Martínez, vocal de la Cámara de Apelaciones de Roca en lo Civil, Comercial y de Familia, y los profesores Federico Ambroggio (Comunicación y Organización Jurídico Institucional, de Comunicación Social; Derecho Constitucional I y Derecho Político cátedra 1, de Abogacía FADECS), Matías Lafuente (Derecho Administrativo y Práctica Profesional III, de Abogacía FADECS), Diego Fuentes (Tecnicatura en Planificación Ambiental, de FaHu; Aspectos Jurídicos Institucionales y Derecho de los Recursos Naturales, de Abogacía FADECS), y Juan Bautista Justo (Derecho Administrativo y Práctica Profesional III, de Abogacía FADECS).
Es una obra en dos tomos, el 1, Parte General, y el 2, Proceso administrativo y nuevos escenarios de la Administración. Está prologada por el constitucionalista Alberto B. Bianchi y fue editada por Ábaco. El autor respondió a la consulta de NotiFadecs:
P. ¿Qué lo motivó a investigar el poder de la Administración?
R. La Administración Pública es una de las organizaciones más vitales para cualquier sociedad contemporánea. Ella acumula una serie de tareas que son esenciales para que la comunidad pueda funcionar, que van desde garantizar el abastecimiento de agua potable en cada una de nuestras casas hasta decidir la explotación de un recurso estratégico como -por ejemplo- el petróleo. La misión de la Administración va desde lo más micro a lo más macro. Eso la hace apasionante.
A la vez, y a diferencia de las restantes funciones del Estado -como las que cumplen los legisladores o los jueces-, la labor de la Administración Pública se vincula directamente con la acción del gobierno, es decir, con la gestión práctica y cotidiana de las necesidades de la población. La Administración se encarga de tapar el bache, transportar la electricidad, clausurar una obra, detener a una persona, construir una escuela, etc. Dentro del Estado, es la única organización que tiene en su ADN a la acción, a la praxis. Por el contrario, los jueces o los legisladores emiten declaraciones, pero no ejecutan por sí mismos esas decisiones. Ese nexo tan estrecho con la acción, con el ejercicio del poder, hace que la Administración tenga un enorme potencial de construcción, pero también de destrucción de derechos, y por eso es importante conocer cuáles son las reglas de su funcionamiento.
P. ¿Cómo nos explica que “la Administración debe actuar sometida al Derecho”?
R. Para cumplir sus cometidos cotidianos, la Administración Pública tiene un poder enorme, que le permite actuar en el plano de la realidad sin necesidad de pedirle permiso a los ciudadanos ni a los tribunales cuando quiere hacer algo. Esa capacidad de acción unilateral implica que este aparato burocrático puede imponer cargas y restricciones a las personas sin siquiera preguntarles, lo cual es un gran campo de riesgo para los derechos. La respuesta frente a esa amenaza que han encontrado las sociedades modernas es que la capacidad de acción administrativa quede sujeta a una condición básica: el respeto de las leyes. La Administración debe ejercer sus atribuciones siempre dentro de la ley.
P. ¿Cómo analiza las características propias que operan en la Norpatagonia argentina?
R. En nuestra región, la acción gubernamental de la que venimos hablando es especialmente relevante, pues la Patagonia que conocemos es una creación del Estado. Fue el Estado Nacional, primero a través de la acción militar y luego mediante la infraestructura (ferrocarriles, irrigación, represas, petróleo y gas, etc.), quien configuró este territorio, tal como lo vemos hoy. Por eso, la acción administrativa tiene aquí un rol fundacional y protagónico que hace más necesario aun conocer los contornos de nuestras instituciones locales. Se suma a ello el desafío histórico de poner en crisis el lugar que se ha asignado tradicionalmente a nuestra región -limitado al de mero reservorio de materias primas- para poder potenciar su desarrollo sustentable. Encarar ese proceso requiere, entre otras cosas, conocer mejor el marco jurídico del funcionamiento de los aparatos burocráticos de Río Negro y Neuquén.